Capacidad del menor de edad en el orden patrimonial civil y alcance de la intervención de sus representantes legales The capacity of minors in the patrimonial civil order and scope of the intervention of their legal representatives

Resumen

El Derecho civil común ha evolucionado a favor de una mayor autonomía del menor de edad, alineándose así con una tendencia consolidada en los ordenamientos civiles autonómicos; asimismo, se admite que los menores son titulares plenos de sus derechos fundamentales, reconocimientos que propician la preparación del tránsito a la edad adulta e independiente. En el presente trabajo se defiende la capacidad de obrar del menor de edad, graduable, o dinámica, en función de sus condiciones de madurez y a la vez limitada, en atención a las disposiciones dictadas para su protección, porque, no obstante el reconocimiento de esa esfera de válida actuación del menor que legalmente es considerado con suficiente madurez, nunca puede llegar a prevalecer sobre las normas generales tuitivas, que prevén la participación de sus representantes legales, o, en su caso, de la autoridad judicial o del defensor judicial. Además, en el estudio se propugna conceder mayor relevancia a la necesaria coordinación entre los órganos jurisdiccionales encargados de la defensa de los menores con los notarios, por estimar que la intervención de estos fedatarios públicos es imprescindible y así se dedica un apartado especial del trabajo al juicio de suficiencia notarial de la capacidad necesaria para otorgar el acto o contrato y, en su caso, juicio de suficiencia notarial de la representación. También, se analizará pormenorizadamente el tipo de ineficacia de los actos concluidos por los propios menores y de los celebrados por sus representantes legales sin la preceptiva autorización, cuestión que ha originado gran parte de los litigios en este ámbito. En fin, no se descuida la concesión de la importancia que en un estudio de esta índole corresponde al principio general del «interés superior del menor», que servirá para que cuando entre en juego deba imponerse sobre otros y frente a otras soluciones. Por lo demás, el trabajo se realiza al amparo de la últimas reformas de 2015 y de la legislación civil autonómica; el análisis de la cuestión se completa con la doctrina científica más representativa en la materia y se ilustra con relevantes decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo así como con la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado.